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Alarde de tolerancia y derecho |
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GARA Bidasoako Emakumeak desarrollará entre mañana y el 29 de junio, víspera de la festividad de San Marcial, una campaña publicitaria bajo el lema «Haz un alarde de tolerancia. Mujeres en el Alarde», que pretende extender entre la población un mensaje de igualdad y acción positiva para garantizar que todas las personas puedan participar en el Alarde de Irun. Esta iniciativa vuelve a poner sobre la mesa uno de los déficits que aún arrastra esta sociedad y que no se circunscribe exclusivamente a que las mujeres quieran participar como «escopeteras» o como «tamborreras» en distintos actos festivos y no se les permita aludiendo a la «tradición», sino que tiene que ver con la existencia todavía de espacios vedados a la participación de la mitad de la sociedad únicamente en función de su género. Cotos reservados en actividades y espacios públicos que no deben ser consentidos. La lucha contra estas formas de exclusión tienen diferentes vertientes. La que Bidasoako Emakumeak presenta ahora es la faceta educativa, la de la concienciación social. La demanda de tolerancia pretende ir despertando en aquellos sectores reacios a asumir la igualdad entre todas las personas la idea de que, aunque ellos piensen de una determinada manera, no pueden impedir que el resto de la sociedad haga efectivos los derechos que le son inherentes. Esta debiera ser una tarea que instituciones y colectivos sociales acometieran de manera permanente en aquellas zonas en las que se observa una mayor incidencia de la intolerancia y donde se sabe que a fecha fija puede surgir un conflicto de esta naturaleza. Sin embargo, cabe observar que algunas instituciones, lejos de adoptar una posición pedagógica, de defensa de los valores igualitarios, o se esconden o favorecen a quienes conculcan los derechos ajenos. En ese momento debe ponerse en marcha otra de las vertientes de la lucha contra la exclusión, que es la demanda de la tutela efectiva de los derechos. Porque, mientras la tolerancia no sea una realidad, debe imponerse la acción de los poderes públicos, tanto del ejecutivo como del judicial, para proteger el derecho a la igualdad de todas las personas. Las instituciones no pueden permanecer, por tacticismo electoralista, al margen de esta demanda o tratar únicamente de cumplir el expediente formal con una declaración pública. Cada cual tiene sus obligaciones y a las instituciones, entre otras, les corresponde la de garantizar el ejercicio de los derechos. -
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