Transcripción de la conferencia celebrada el día 13 de febrero de 1998 en Kabigorri Bidasoaldeko Ateneoa en Irun. Esta edición ha sido realizada por Kabigorri Argitalpenak y corresponde al volumen 1 de la Serie Documentos. A sido corregida y autorizada por las conferenciantes.

Muchas gracias por el apoyo que nos manifestáis con vuestra presencia (no solamente con vuestra presencia), sino con una actitud de trabajo conjunto, porque creo que todo lo que hemos sacado adelante aquí, si por algo se ha caracterizado ha sido por una labor conjunta de muchísima gente, mucha gente que tiene nombres y apellidos y que en este momento no tiene una presencia pública, pero que está trabajando y ha trabajado muchísimo para conseguir los logros que hemos alcanzado hasta ahora.

Quisiera hacer una breve exposición de lo que son las claves -tal y como señala el título de esta charla- para entender las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el marco de los procesos suscitados con motivo de la participación igualitaria de las mujeres en los Alardes de Irun y Hondarribia; con objeto de que esta exposición sirva también, de marco a las intervenciones de Idoia Estornés y Teresa del Valle; Idoia desde un planteamiento histórico y Teresa desde un punto de vista antropológico, del significado de estas sentencias o de la cuestión de la participación de las mujeres en los Alardes.

Para ello pretendo no usar mucho tiempo, porque soy consciente de que a las 9 tenemos que terminar, y me gustaría que muchas cuestiones que yo no voy a tratar aquí exhaustivamente -porque un análisis riguroso de las sentencias llevaría mucho más tiempo-, si suscitan vuestro interés de alguna manera, las podáis formular como preguntas a efectos de establecer un debate después de la exposición.

I. -En primer lugar y para introducir mi intervención, quisiera hacer alusión al significado que ha tenido la utilización de la vía jurídica, que se ha materializado en los dos recursos contencioso-administrativos interpuestos por nosotras ante el TSJPV contra los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia.

Cuando nosotras planteamos la reivindicación de la incorporación de las mujeres a los Alardes de Irun y Hondarribia, nuestro planteamiento se basaba sobre todo en la tesis principal de que esa incorporación era un derecho que las mujeres teníamos, un derecho fundamental, un derecho reconocido en las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos, en todas las Constituciones europeas, era un derecho en toda regla, el derecho a ser tratadas igual que nuestros conciudadanos varones en todas las esferas de la vida, el derecho a que no se nos discriminara por razón de nuestra condición de mujeres. Al lanzar este mensaje, inmediatamente recibíamos la respuesta clara de que nuestro planteamiento era descabellado, que habíamos perdido el norte del verdadero significado de los derechos, que no podían amparar una pretensión tan trivial, tan poco seria, de tan poca enjundia, como participar en una fiesta. "¿Cómo podéis decir que participar en una fiesta es un derecho? Desfilar como soldados, ¿cómo va a ser eso un derecho?"; teníamos muy poca credibilidad con esa tesis, nadie podía entender que el principio de igualdad debe extender su alcance a toda la amplia realidad social que nos rodea, sin exclusión de ninguna esfera que quede reservada al privilegio masculino, nadie comprendía el valor que también tenía para las mujeres la participación activa en las principales manifestaciones festivas de sus ciudades, pese a que la gran mayoría de las poblaciones de Irun y Hondarribia, ensalzan -paradójicamente con ésto- el valor de sus fiestas como elementos absolutamente esenciales para definir su identidad colectiva; sin embargo, no reconocían que esa misma valoración la pudiéramos formular las mujeres como reivindicación de un derecho. Nuestra reivindicación no encontraba, por otro lado, tampoco apoyo en las instituciones más cercanas que eran los Ayuntamientos, antes bien, éstos se sumaban a la corriente dominante contraria a nuestra incorporación al Alarde, pese al apoyo institucional expreso del Ararteko y Emakunde, que sin embargo no parecían tener suficiente fuerza para atraer el respaldo de los poderes públicos locales.

De ahí que en un momento determinado, nosotras viéramos la necesidad de buscar un impulso jurídico, que nos permitiera tener un apoyo social y una credibilidad institucional de la que no gozábamos inicialmente, teníamos que demostrar contra viento y marea que lo que reivindicábamos tenía una base legal que el propio sistema jurídico refrendaba, y creo que eso es algo que hemos logrado con estas dos sentencias. Hemos logrado un aval desde el punto de vista jurídico e institucional, a mi juicio, absoluto y rotundo, que en este momento nos ha dado mucha más credibilidad y apoyos, sobre todo -yo diría- fuera de las localidades de Irun y Hondarribia, pero que efectivamente ha tenido efectos enormemente positivos para el avance en nuestra lucha, que hemos, sin duda, de reconocer.

Y partiendo de la importancia que las sentencias tienen y van a seguir teniendo, en la medida en que todas las discusiones que a partir de ahora se produzcan sobre esta cuestión tendrán que partir de la existencia de estas dos resoluciones judiciales como marco necesario de todo debate, voy a tratar de exponer muy sintéticamente lo que me parece más esencial de los contenidos de las dos sentencias; y lo haré en torno a cuatro ideas, que considero centrales a la hora de abordar cualquier examen del contenido de estas resoluciones judiciales.

II. Las claves para entender las dos sentencias serían sucintamente las siguientes:

1. - En primer lugar, me referiré al papel que la Administración pública juega en este conflicto y a la plasmación inequívoca de ese papel en ambas sentencias. No es algo insignificante que las sentencias sobre los Alardes las haya dictado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y no un Juzgado de lo Civil o un Juzgado de lo Penal. El empleo de la vía contencioso-administrativa sólo tiene lugar si es una actuación de la Administración Pública la que va a ser impugnada, por contravenir la legalidad y el Derecho. En este supuesto estamos ante dos fiestas (los Alardes de Irun y Hondarribia) que se impulsan, financian y organizan en ambos casos por los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia, es decir, por dos Administraciones Públicas, cuyas actitudes de prohibición de la incorporación de las mujeres a los Alardes en un plano de igualdad respecto a los hombres -en el caso de Irun, prohibición expresa y en el de Hondarribia, presunta-, violaban el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo; la conculcación del derecho fundamental que nosotras invocábamos se produce por parte de dos sujetos públicos, dos Administraciones públicas, independientemente del sustento que estas actuaciones públicas pudieran encontrar en la actitud de una gran parte de la ciudadanía de ambas localidades. .

Ello nos sitúa, indudablemente, ante una conducta especialmente grave, en la medida en que los poderes públicos tienen una obligación reforzada de respetar la legalidad, y muy en particular los derechos fundamentales. Es una obligación singular y reforzada que se basa en el artículo 103 de la Constitución (que consagra el principio de legalidad de la actuación administrativa) y en el artículo 9 de la misma norma (que obliga a los poderes públicos a poner los medios necesarios para posibilitar un ejercicio efectivo del derecho de igualdad), es decir, se trata de un mandato u obligación, que tiene una plasmación jurídico positiva; además, está en la conciencia ciudadana, que la falta de acatamiento de la legalidad y el Derecho por parte de los poderes públicos pone en cuestión los pilares mismos del Estado de Derecho. Desde la perspectiva de la ética del Estado de Derecho es esencial que los poderes públicos actúen en coherencia con lo que ellos mismos son y prescriben, éste es un postulado básico del tan manido Estado de Derecho, que afecta muy particularmente a los derechos fundamentales que trascienden incluso las barreras jurídico positivas de un Estado, para configurarse como auténticos mandatos con vocación de universalidad.

Se produce, por tanto un incumplimiento de la legalidad más esencial, que es aquella que no es la mera legalidad formal, no es una legalidad menor, sino que se trata de un elemento básico en la propia definición del Estado de Derecho, de algo consustancial a esa noción, como son los derechos fundamentales, que no solamente son propios de una Constitución determinada, sino que están universalmente reconocidos, al menos en todo nuestro entorno cultural.

En estos dos casos, las Administraciones públicas estaban conculcando el derecho y hemos tenido ocasión de probarlo a lo largo de los dos procesos que han desembocado en un reconocimiento por parte de los Tribunales de esa realidad; por eso nos dirigimos a los dos Ayuntamientos para solicitar la incorporación de las mujeres; no fuimos a las compañías, no fuimos a los mandos, sino que fuimos directamente a los Ayuntamientos porque considerábamos que ellos eran los responsables de la organización de los Alardes, y así se ha demostrado que era. En distintos momentos a lo largo de estos procesos, y en general, en el discurso de los "Betiko", se afirma que no son los Ayuntamientos quienes organizan los Alardes, sino que son los particulares. Bien, esto ha quedado ya completamente desmentido -y yo creo que es una de las primeras claves para entender las sentencias-: son los Ayuntamientos, y así lo reconocen las dos sentencias, tanto en el caso de Irun como en el caso de Hondarribia, los que organizan los Alardes. Es un punto de partida esencial, porque si no, no estaríamos ni en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ni estaríamos hablando de una condena a los Ayuntamientos, como se está produciendo ahora.

Ahora bien, ésto no significa en absoluto, que si fueran los particulares quienes organizasen los Alardes, éstos fueran a poder discriminar impunemente, al contrario, el propio reconocimiento de la existencia de conculcación de derecho que las sentencias llevan a cabo, supone ya implícitamente que nadie puede violar ese derecho que ya ha sido reconocido por los Tribunales de manera expresa. Sirva ésto para adelantar posibles intentos futuros de "privatizar" los Alardes con objeto de poder discriminar. Se trata de una idea absolutamente equivocada, que es preciso aclarar desde ahora. Cuando existe, como en el presente caso, un reconocimiento judicial de que las mujeres que pretenden incorporarse a los Alardes lo hacen en la justa reivindicación de un derecho que les es propio, no cabe que ni poderes públicos, ni particulares, se opongan al ejercicio de ese derecho, so pena de infracción manifiesta y ostensible de la legalidad y el Derecho; o dicho de otro modo, un Alarde que no admita a las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres, ya sea privado o público, es, indudablemente, un Alarde ilegal. En consecuencia, la situación en que nos hallamos tras los fallos judiciales, no tiene ya -desde la perspectiva de la legalidad- vuelta hacia atrás. Estamos en lo que respecta al plano legal, felizmente ante un punto de no retorno, que es preciso extender ahora al plano social.

Para obtener un pronunciamiento de la Sala de lo contencioso-administrativo, se nos ha obstaculizado deliberadamente por parte de ambas corporaciones municipales (en particular por parte de Hondarribia) la clarificación de los datos que probaban el vínculo de los Ayuntamientos con el Alarde, en una clara actitud de "huída y escaqueo" de los Alcaldes que les permitiera eludir la acción judicial, y que llevaba al Alcalde de Hondarribia a desvincularse públicamente y en repetidas ocasiones de la organización del Alarde, dato que se ha probado falso en este proceso judicial. Hemos logrado probar, pues, la rotunda implicación administrativa de ambas Corporaciones locales, en la organización de los Alardes, y además, yo creo lo hemos hecho de una manera muy clara y tajante, fundamentalmente a través de la aportación de pruebas que venían a fundamentar dos elementos de conexión entre Ayuntamientos y Alardes: la financiación del Alarde, y la organización del Alarde que en el caso de Irun, se recoge en la Ordenanza del Alarde de San Marcial, y en el caso de Hondarribia, aún sin haber sido aprobada tal Ordenanza formalmente por el Ayuntamiento, funciona como costumbre, implicando al Ayuntamiento en la organización de la fiesta. En las dos localidades existe además una Junta del Alarde, un órgano municipal, cuya misión es la organización del Alarde, y que en el caso de Hondarribia estaba además dotada de un reglamento también municipal.

Los criterios de verificación de la responsabilidad municipal en los Alardes se han basado, pues, en la financiación y la organización que en el caso de Irun conlleva además el ejercicio de potestades normativas que refuerzan, aún más, si cabe, este vínculo. Esto es lo que nos ha permitido hablar de una implicación clara, de un protagonismo total de los Ayuntamientos en la organización de los Alardes, que ahora supone la obligación directa de éstos de garantizar que el derecho que ha sido reconocido pueda ser efectivamente ejercitado.

2. - Como segunda clave, quizás la más importante para entender el contenido de las dos sentencias, quisiera referirme al alcance y sentido del principio de igualdad. El derecho de igualdad es el derecho que está siendo conculcado en este supuesto, en los dos supuestos, y cuando me refiero a la igualdad como principio/derecho es porque la igualdad se configura en nuestro ordenamiento jurídico a través de una doble naturaleza que permite que opere como principio informador de todo el ordenamiento jurídico que se impone en la totalidad de actuaciones públicas, y a la par como derecho subjetivo merecedor de la más alta tutela jurídica, e invocable, por tanto, directamente ante los Tribunales por cualquier persona que vea cuestionado su derecho.

La igualdad como principio supone que ha de informar toda la legalidad, todas las actividades que se abordan desde la realidad social más amplia, toda la pluralidad de actividades que podamos imaginar deben estar informadas por el principio de igualdad; el principio de igualdad informa, en este sentido, todas las normas, todas las leyes, todo el sistema jurídico en cualquier momento y lugar, de manera tal que excluye directa y automáticamente a todas aquellas leyes, normas o disposiciones que lo contravengan. Pero se configura además como derecho individual cuando tiene una manifestación concreta.

La igualdad como derecho sólo puede tener una formulación abstracta que se concretará en cada caso en el respeto necesario al ejercicio de una pretensión determinada en condiciones de igualdad; la enorme pluralidad de pretensiones que puedan verse amparadas por el principio de igualdad y que las configura como derechos, son lógicamente impredecibles a priori de manera exhaustiva por las leyes, y quedan todas suficientemente amparadas por la formulación genérica del artículo 14 de la Constitución, el artículo 9 del Estatuto de Autonomía del País Vasco o el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tales formulaciones genéricas no expresan la multiplicidad de situaciones en que queda protegida la igualdad, no expresan a qué se refiere esa igualdad; lo que queda protegido es la igualdad para todo, la igualdad en cualquier manifestación que ésta pueda tener, la igualdad en todos los ámbitos y en todas sus expresiones posibles, la igualdad en el ejercicio de todo tipo de facultades legítimas: la igualdad en el acceso al trabajo, la igualdad en el acceso a la función pública, a los cargos públicos, la igualdad en la sucesión o en el matrimonio, la igualdad en todas las figuras civiles, en todas las instituciones jurídicas en general, la igualdad para entrar en los locales públicos, la igualdad en la educación, en el acceso a los servicios públicos de toda índole, la igualdad en las prestaciones, jubilación, desempleo etc. , la igualdad en la participación en la vida social, política y cultural en todas sus manifestaciones, y también, evidentemente, en las fiestas, en la facultad de acceder y participar en la principal manifestación festiva de una localidad, como ejercicio pleno de la ciudadanía.

La igualdad en el Alarde es, efectivamente, una manifestación más de ese derecho que en sí mismo es algo abstracto y que sólo se concreta cuando estamos ante el ejercicio de una facultad determinada; en este caso estamos ante la realidad de unas fiestas fundamentales en la vida local de ambas ciudades, los Alardes, que se organizaban sin la participación igualitaria de las mujeres, siendo así que la igualdad, tal y como nosotras hemos defendido, conllevaba que las mujeres pudieran incorporarse en las mismas condiciones que los hombres a dichos Alardes. De esta manera es impensable que para que la tutela conferida al derecho de igualdad pueda operar en el concreto supuesto de la incorporación de las mujeres a los Alardes de Irun y Hondarribia, se precise de una previsión legal específica en este sentido, ya que es evidente que el derecho a la igualdad como derecho abstracto encuentra en este ámbito una expresión más, que concretando su alcance, implica la invocabilidad del mismo, con el objeto de poder obtener contra su conculcación, la protección jurídica que ofrecen los Tribunales, y que se deriva en última instancia de las normas que consagran este derecho como uno de los derechos fundamentales de la persona, como derecho humano.

Esto parece tener un significado un tanto oscuro para muchas personas en el contexto en que nos hallamos o tal vez es que simplemente no existe voluntad de entender; es así que el Alcalde de Hondarribia, Borja Jáuregui, se permitía recientemente hacer unas declaraciones bastante poco adecuadas -por osadas e ignorantes- respecto al principio de igualdad, al derecho de igualdad, al afirmar -después de que se hubiera ya producido un reconocimiento judicial de la existencia de una conculcación del derecho de igualdad en las sentencias del TSJPV- que "cómo va a ser un derecho fundamental, si se puede suprimir de la noche a la mañana; si yo no organizo el Alarde, ya no hay derecho para nadie".

3. - Aclarada la cuestión del alcance de la igualdad como principio/derecho, es preciso examinar ahora, cuándo se produce una conculcación de ese derecho de igualdad. Se conculca la igualdad, o lo que es igual, nos hallamos ante una discriminación, cuando se produce un trato diferenciado por la única y exclusiva razón, en este caso, del sexo, de la pertenencia a uno u otro sexo; el trato diferenciado se funda única y exclusivamente en el hecho de estar ante una mujer, en lugar de ante un hombre. Existen otras razones para que se conculque el principio de igualdad (la discriminación puede fundarse así en la raza, la religión, la orientación sexual, las condiciones económico-sociales de una persona o grupo de personas), hay, en efecto, muchísimas razones que pueden llevar a contravenir el principio de igualdad, estando algunas de ellas expresamente reconocidas en las normas que prohiben la discriminación y otras no. La razón de la pertenencia a un sexo es una razón que aparece expresamente prohibida como causa de un trato diferenciado en todas las declaraciones de derechos y también en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía del País Vasco y dicha consagración expresa, otorga a la prohibición de discriminación por razón de sexo, si cabe, un alcance más severo y riguroso.

Por tanto, se produce una discriminación, cuando el trato diferenciado a una persona o grupo de personas se basa únicamente en la razón de pertenencia a un sexo: éste era el caso, sin duda, de los Alardes de Irun y Hondarribia.

Veamos qué ha objetado la otra parte, cuáles son los argumentos que les llevan a defender que en el supuesto de los Alardes no se produce discriminación alguna respecto a las mujeres, argumentos que hemos tenido que rebatir a lo largo de los dos procesos a través de las razones que sintéticamente voy a señalar y que son las que el Tribunal recoge lo largo de las dos sentencias.

Es evidente que no todo trato desigual tiene por qué ser discriminatorio, de manera que no estaremos ante una discriminación, cuando ese trato diferenciado encuentre una justificación objetiva y razonable; esta tesis proviene sobre todo del Tribunal Constitucional, y tiene mucho sentido si pensamos fundamentalmente en lo que se llaman acciones positivas: las situaciones en las que a un determinado sector particularmente desfavorecido (en el caso del sexo, las mujeres, o si pensamos en la raza, por ejemplo, en nuestro entorno los gitanos), se le aplique un trato diferenciado, en el sentido de un trato de mejora respecto a otro u otros sectores, con el objeto de contrarrestar una situación de partida de desigualdad, persiguiendo en última instancia la consecución de lo que se ha dado en llamar igualdad material, que no se limita a ser la mera igualdad formal sino que pretende una igualdad de fondo, real. Eso sería la acción positiva, y la acción positiva sí que implica un trato diferenciado, pero tiene una justificación objetiva y razonable, que es favorecer a un sector debilitado, contrarrestar mediante una acción "de favor" -sometida a unas condiciones restrictivas de temporalidad etc. -, una realidad social e histórica desfavorecedora, injusta y opresora del sector que ahora se pretende fortalecer, y favorecedora del otro sector que se ha podido configurar así como un sector más fuerte y dominante, contribuyendo su propio status de fuerza a la perpetuación de la debilidad del otro sector, de manera que se precisa de estas "acciones positivas" para evitar dicha perpetuación, o cuando menos para impulsar y alentar su salida de un status de debilidad y dominación. No creo que sea preciso extenderse mucho en aclarar que no es éste precisamente el supuesto ante el que nos hallamos, cuando no referimos a la participación de las mujeres en los Alardes de Irun y Hondarribia.

Quienes se oponen a la participación igualitaria de las mujeres en los Alardes han sostenido que el trato diferenciado de que es objeto la mujer en el Alarde admite una justificación objetiva y razonable, que se funda en las siguientes razones, que recojo sucintamente:

a. ) En primer lugar, la voluntad de la "mayoría" de la ciudadanía de ambas localidades que presuntamente se opone a la participación igualitaria de las mujeres. Dicha mayoría queda, a juicio, de nuestros oponentes, suficientemente contrastada, en la encuesta realizada el pasado año por un Departamento de la UPV/EHU por encargo expreso del Alcalde de Irun, así como por las diferentes manifestaciones habidas tanto en Irun como en Hondarribia, en contra de la integración de las mujeres en los Alardes. Pese a ello, la Asociación "Irungo Betiko Alardearen Aldekoak", siempre ha sido partidaria de realizar un referéndum sobre esta cuestión. La mayoría debe -según esta opinión- prevalecer sobre una minoría, en una decisión que "es del 'pueblo' y sólo a éste compete".

b. ) Por otro lado, se arguye que la tradición impone necesariamente la presencia de mujeres de un modo restrictivo, en su exclusivo papel de cantineras, que se distingue del papel atribuido a los hombres como soldados, "ésto siempre ha sido así", y no puede ser alterado, so pena de acabar con una 'tradición' de mucho tiempo (en fin, para ser precisos, ellos dicen "de siempre"), la tradición sólo sobrevive, según esta tesis, si permanece inalterada, cualquier modificación en la misma es una degradación, una degeneración que es preciso evitar, salvaguardando el "Alarde de siempre" intacto. Así pues, la tradición como segunda justificación objetiva y razonable para un trato diferenciado a las mujeres.

c. ) En tercer lugar, se afirma que, además la historia demuestra que las mujeres no participaron en el hecho histórico que se rememora, y en la medida en que el Alarde es una escenificación fiel y rigurosa de un hecho histórico es preciso respetar en dicha escenificación todas las características propias de aquel hecho, entre las cuales, destaca, sin duda como emblemática, la supuesta ausencia de las mujeres, salvo en su papel, bien diferenciado del de los hombres, de cantineras. La historia, constituye así para la otra parte, la tercera justificación objetiva y razonable para que este trato diferenciado a las mujeres sea correcto, no esté atentando contra el principio de igualdad.

Creo que Idoia y Teresa van a tener ocasión de explicar más en detalle y desde su visión disciplinar de la historia y la antropología, cómo no es cierto lo que se afirma sobre los hechos históricos que se escenifican fielmente, y cómo no es cierto que una tradición tenga que ser entendida de esa manera fosilizada. Yo me limitaré a apuntar, por tanto, las líneas generales de nuestra contraargumentación en los procesos.

a. ) Vayamos al primer argumento, el de la voluntad mayoritaria de la población. Es éste un argumento muy fácilmente rebatible, porque de todos y todas es conocido que secundar este argumento nos puede conducir a una sociedad donde la convivencia humana se haga imposible, y desde luego está fuera de todo discurso jurídico, el plantear que por una mayoría pueda conculcarse un derecho fundamental, que la mayoría pueda poner en cuestión un derecho que se garantiza como mínimo convivencial, aunque tan sólo fuera una la persona que lo invocara, y el resto estuviera en su contra. El derecho de igualdad está recogido en todas las partes dogmáticas de las Constituciones en general, no solamente en la española sino en todas, y ello conlleva la garantía de protección de ese derecho de cualquier conculcación de que pudiera ser objeto, independientemente, de que quien pretenda conculcarlo sea una inmensa mayoría, y de que quien vea conculcado su derecho sea UNA SOLA PERSONA; los derechos fundamentales, los derechos humanos, gozan de una protección especial en todos los sistemas jurídicos occidentales, o de nuestro entorno cultural, por la cual están dotados de una cláusula de salvaguarda, de tal modo que, se prohibe, por ejemplo, celebrar un referéndum sobre cuestiones que versen, o pongan en tela de juicio la defensa de algún derecho fundamental. Los derechos fundamentales son, por esa razón, materia vedada al referéndum, o a cualquier otro tipo de consulta popular, de lo contrario se estaría legitimando entre otras cosas, el linchamiento. Se protegen así especialmente estos derechos fundamentales, que no son susceptibles de ser votados: los derechos no se votan, es la máxima que rige en todos los Estados democráticos, y por tanto no cabe cuestionar un derecho por el hecho de que una mayoría esté en su contra. De manera que los derechos protegen lógicamente también a las minorías, como es nuestro caso, protegen a cada persona individualmente. Aunque sólo fuera una la mujer que quisiera desfilar en el Alarde en condiciones de igualdad respecto a sus conciudadanos varones, ésta vería igualmente protegido su derecho. Este primer argumento queda completamente rebatido , y así lo entiende también el Tribunal.

Pero es que además, y fuera ya del plano estrictamente jurídico, la supuesta mayoría que apoya las tesis contrarias a la igualdad no queda suficientemente contrastada actualmente, la opinión ciudadana está siendo objeto de importantes cambios tras los últimos acontecimientos, y en particular tras las sentencias que otorgan razón plena a nuestro postulados, fruto de la sensatez que se impone para cada vez más ciudadanos y ciudadanas de Irun y Hondarribia, que con el tiempo aumentarán, aunque actualmente no expresen su opinión de disenso, dadas las condiciones que imperan de intimidación y amedrantamiento de quien ose opinar de otra manera (como se desprende de los recientes panfletos de los "Betiko"). Se trata en todo caso de una franja de población cambiante; quienes pretenden ostentar el monopolio del sentimiento y voluntad del pueblo, se equivocan de plano, cuando olvidan a muchos sectores de la población, que desde luego no han participado en sus manifestaciones ni demás actos de autoensalzamiento y que además se alejan progresivamente de sus expresiones radicales, irracionales y burdas.

b. ) En cuanto al argumento de la tradición, más allá del complejo significado de este término, por el dinamismo y movilidad inherente a toda tradición, que impide entender dicha noción como algo muerto, podemos afirmar que la tradición es algo vivo y no se mantiene congelando lo que mediante la misma se rememora. La otra parte maneja una noción absolutamente errónea de tradición, como si de algo muerto se tratara. Así vemos cómo, por ejemplo en Villena donde se celebra la Fiesta de Moros y Cristianos, las mujeres pudieron incorporarse a la misma a partir de una sentencia (en aquel caso fue de un Juzgado de lo civil, dado que la fiesta la organizaba una asociación privada y no el Ayuntamiento). La incorporación de las mujeres a dicha celebración se ve hoy con toda naturalidad y los habitantes de Villena que en su momento se opusieron firmemente a tal reivindicación, han terminado aceptándolo y hoy es el día en que aquella reivindicación no tan lejana ha quedado olvidada, a pesar de los fuertes enfrentamientos de opinión que en su momento supuso. La fiesta se sigue celebrando con toda normalidad, gracias a la adaptabilidad de la tradición, que en aquel caso, hubo de ser decretada por un juez. La tradición no puede ser justificación para el trato diferenciado, entre otras cuestiones, porque no tiene el significado rígido que la otra parte se empeña en atribuirle. Así, en Irun y en Hondarribia, el Alarde ha ido evolucionando y adaptándose a los tiempos. Expresión de esa adaptabilidad de la tradición son muchos de los cambios, que algunos pretenden olvidar, pero que la historia más reciente nos desvela, -en este mismo siglo, se incorporó la tamborrada, la caballería, la banda, los trajes han variado notablemente, también el papel de las cantineras y sus formas de selección, en Hondarribia llama especialmente la atención la incorporación de una compañía de veraneantes en los años cuarenta, hoy llamada Compañía mixta, y que nada tiene evidentemente que ver con los hechos históricos que se rememoran, los cambios en los atributos de las cantineras, así en ocasiones algunas cantineras desfilaron con escopetas, así como los hacheros, que también portaban escopetas, creación y desaparición de Compañías, en 1919 desfiló una compañía de lanceros con traje de la época del sitio, que luego desaparece, las compañías no llevaban pífanos ni tambores como actualmente, cambios de recorrido-; en fin numerosísimas modificaciones, que han venido produciéndose en los Alardes de Irun y Hondarribia y que no permiten referirse al Alarde como una tradición estática, puesto que indican su dinamismo evolutivo.

Pero es que además, si para preservar algún tipo de tradición, es necesario excluir al 50% de la población de la conmemoración de la tradición en cuestión, ello conllevaría la exclusión de las mujeres de numerosísimos actos y foros de la vida pública, donde la "tradición" así entendida, presuponía, naturalmente entre otras cosas, la ausencia de las mujeres, empezando por su presencia en los Parlamentos, o en los propios Tribunales, pasando por las Juntas Generales de los Territorios Históricos, que bien preservan la "tradición" de su existencia pasada, sin por ello excluir a las mujeres, que en el pasado sí lo estaban. La exclusión de las mujeres no es una medida coherente y proporcional, tan siquiera necesaria para dar cumplimiento al fin de proteger la tradición.

c. ) Quisiera decir en cuanto al argumento histórico que toda la argumentación que nosotras hemos aportado a lo largo de los dos procesos, y en la que el Tribunal se ha basado para dictar sus fallos ha sido el fruto de un trabajo totalmente pluridisciplinar y muy enriquecedor e interesante, porque nos ha puesto en contacto a personas de diferentes disciplinas que hemos tenido ocasión de trabajar conjuntamente y de sacar adelante algo que posiblemente por nosotras solas no hubiésemos podido, al menos es lo que yo puedo decir en lo que respecta a mi labor como jurista que se ha nutrido permanentemente del trabajo de quienes están en disciplinas como la historia o la antropología, como Idoia Estornés o Teresa del Valle, que expondrán seguidamente su perspectiva, además de Lola Valverde (historiadora), Margaret Bullen (antropóloga) y Juan Carlos Irizar (músico), por citar a las personas cuyos trabajos especializados han servido de referencia en los dos procesos judiciales.

La otra parte basaba su discurso de manera primaria y fundamental en la cuestión histórica, defendiendo firmemente que los Alardes son escenificaciones fieles y rigurosas de hechos históricos; hemos conseguido probar que no es así, - pienso que Idoia va a ilustrar las razones de fondo de manera mucho más pormenorizada y profusa-, que estamos simplemente ante rememoraciones que tienen como causa, como origen, un hecho histórico, pero que no se trata para nada de escenificaciones fieles y rigurosas de tales hechos históricos.

Las razones históricas no constituyen en ningún caso justificación suficiente, porque efectivamente es del todo discutible que los hechos que se rememoran con los Alardes sean objeto de una escenificación realista. En efecto, ni durante la liberación del sitio de Fuenterrabía que se produjo en 1638, ni en la batalla de San Marcial de 1522, existían gran parte de elementos actualmente fundamentales en el transcurso de los Alardes que hoy conocemos, como La Banda de Música, la Caballería, la Tamborrada, los Hacheros, las Cantineras, la Compañía de Veraneantes, ahora llamada Mixta, y un largo etcétera. Asimismo, la indumentaria que portan en el presente los miembros de los Alardes no se corresponde para nada con lo que pudiera ser la indumentaria de la época; así sirva de ejemplo especialmente gráfico, el uso actual de corbatas por parte de algunas compañías en Hondarribia y de todas en Irun, o las boinas; la música de ambos Alardes cuenta con composiciones relativamente recientes que nada tienen que ver con la música de los siglos XVI o XVII.

En definitiva, podemos afirmar -y así lo ha reconocido el Tribunal en ambas sentencias-, que existen numerosos elementos que prueban, que no estamos ante una escenificación realista, ni fiel a un hecho histórico determinado, sino que nos hallamos ante un compendio de elementos mixtos, que se han ido superponiendo a lo largo de la historia, con especial influencia decimonónica, puesto que los Alardes surgen de modo similar al actual en el siglo XIX, como ha reflejado con toda claridad Idoia Estornés en el informe histórico que hemos aportado en ambos procesos, y como recoge igualmente el informe pericial elaborado por la UPV/EHU en lo que se refiere al Alarde de Irun. En el informe de Idoia Estornés se pone asimismo de relieve, cómo esta influencia decimonónica encuentra especial expresión en la figura de las cantineras, como reflejo del papel que la mujer tenía en aquella época (siglo XIX), y que en absoluto refleja la actuación real de las mujeres en el sitio de Fuenterrabía en el siglo XVII, o en la batalla de San Marcial en el siglo XVI.

Esto demuestra la adaptabilidad del Alarde a los tiempos, que le ha permitido pervivir hasta nuestros días. Tal adaptabilidad impone hoy desde criterios no sólo jurídicos sino también sociales, económicos y políticos, que las mujeres se incorporen en pié de igualdad a estos Alardes.

Pero es que además, las mujeres de Irun y Fuenterrabía tuvieron un papel decisivo en los acontecimientos históricos de origen, que se pretenden rememorar con los Alardes, como bien se recoge en el informe histórico ya citado, así como en algunos textos y crónicas de historiadores diferentes. Dicho papel activo de las mujeres en la defensa de su ciudad para nada se corresponde con el que actualmente se les pretende otorgar a través de la figura de la cantinera, como mero elemento decorativo que acompaña a los varones y que a tal efecto ha sido seleccionado por éstos.

En cualquier caso, y desde una perspectiva jurídica parece irrelevante cuál sea el hecho que da origen a esta conmemoración, lo cierto es que se trata de una fiesta, con una importante trascendencia pública y social, que en el año 1997 ha de adecuarse al respeto a los derechos fundamentales de la persona, a la igualdad entre los sexos como postulado esencial de nuestro tiempo, adaptándose en lo necesario a lo que además de ser un imperativo jurídico es también un mandato de los tiempos presentes, en que las mujeres se incorporan progresivamente a todos los ámbitos de la vida cultural, social, política y económica.

En cualquier caso, el Tribunal entiende, sobre todo en la sentencia de Hondarribia -también en la de Irun, aunque lo expresa de una manera menos clara-, que independientemente de que en el presente supuesto la historia no se adapte a la voluntad de los detractores de la participación de las mujeres en los Alardes, en ningún caso la historia o la tradición pueden ser causas en las que basar la justificación para un trato desigual, porque de lo contrario, serían muchas las ocasiones en que nos veríamos perpetuando la desigualdad, la invisibilidad de las mujeres en la historia, dada la negación a que las mujeres se han visto sometidas en la mayor parte de instituciones y eventos históricos. Si admitimos que la historia sirve de argumento para justificar un trato desigual, estaríamos perpetuando la invisibilidad de las mujeres, perpetuaríamos su relegación a un plano secundario respecto a los hombres. Desde ese punto de vista no cabe sostener hoy tradiciones ni instituciones que atenten contra los derechos fundamentales aunque tengan incluso argumentaciones históricas suficientes, hecho que aquí ni siquiera se produce.

3. - Para terminar, y para no alargarme más, me gustaría referirme como última clave para entender el sentido y alcance de las sentencias, a sus efectos.

a. ) Las dos sentencias tienen efectos diferentes a lo que fue el Auto de julio del 97 (me gustaría insistir en eso); el auto de julio del 97 era una resolución judicial que nos permitía provisionalmente, como medida cautelar, participar en el Alarde de una manera preestablecida por parte del Tribunal, en una formación propia; en este caso ya las sentencias contienen un reconocimiento pleno del derecho que nosotras invocábamos, no formulan un reconocimiento recortado del derecho, sino que reconocen el derecho de manera plena, y por tanto permiten que las mujeres nos incorporemos a los dos Alardes en condiciones plenas de igualdad, es decir, tal y como lo hacen los hombres, y no tengo por qué explicar más cómo es eso, es decir, como hacheras por poner un ejemplo, o como componentes de la Banda, o de la Tamborrada, en todas las compañías y sin distingos respecto a las prerrogativas que puedan tener los varones, acceso a cargos etc.

b. ) Las sentencias provocan la nulidad de los actos impugnados. Los actos de los dos Ayuntamientos, por los cuales nos denegaban la posibilidad de incorporarnos a los Alardes, son nulos de pleno derecho y eso significa que a partir de ahora las dos Administraciones tienen una imposibilidad de volver a dictar actos que contravengan los derechos fundamentales; eso impone, por tanto, una actuación administrativa que respete necesariamente este derecho fundamental ya reconocido.

c. ) Otra cuestión es la relativa a los destinatarios de las sentencias. El reconocimiento del derecho de igualdad que está inserto claramente en las dos sentencias, tiene importantes implicaciones, en cuanto que obligan directamente no sólo a los Ayuntamientos -ya que como hemos dicho eran las Administraciones públicas las demandadas en este proceso-, sino porque además, el hecho de que se reconozca que la participación de las mujeres en los Alardes es un derecho, está dentro del derecho de igualdad, impone también ese reconocimiento a los particulares, es decir, los particulares también se ve obligados a cumplir con lo establecido en las sentencias. Si en un futuro a alguien se le ocurriese que se puede organizar un Alarde privado, cabe insistir en que no sería legalmente posible eludir el mandato judicial de la igualdad; también los particulares estarían obligados por ese reconocimiento del derecho de igualdad, a organizar, por tanto, un Alarde con inclusión de las mujeres en condiciones iguales que los hombres.

Y para finalizar quería decir, que hoy mismo se ha dictado un Auto por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en relación con la Ordenanza del Alarde de San Marcial de Irun, que en noviembre de este año, antes de que se dictara la sentencia, fue derogada (aunque ellos decían suspendida provisionalmente, se trataba en realidad de una derogación) por el Ayuntamiento de Irun. Podemos celebrar el Auto judicial dictado hoy, porque ha decidido la suspensión cautelar de esa derogación; eso significa que hoy se restaura la vigencia de la Ordenanza del Alarde de San Marcial. Por tanto, el fallo del Tribunal, la sentencia de Irun, se ve mucho más reforzada ahora, si podía haber dudas; la Ordenanza vuelve a estar vigente, hoy se restaura, hoy resucita la Ordenanza -por entendernos- y tiene que ser lógicamente interpretada de la única manera posible, la que se establece en la sentencia, respetando el principio de igualdad y posibilitando la incorporación de las mujeres al Alarde.

No digo nada más y doy paso a mis compañeras para que ellas sigan exponiendo lo relativo a la Historia y a los aspectos antropológicos de este tema.