SENTENCIA Nº
ILMOS. SRES.
D/Dña. LUIS BLANQUEZ PEREZ
D/Dña. CORO CILLAN GARCIA DE YTURROSPE
D/Dña. ANTONIO MATIAS ORTIZ DE ZARATE
En DONOSTIA - SAN SEBASTIAN, a veintinueve de Diciembre
de dos mil.
La Ilma. Audiencia Provincial de San Sebastián constituida
por los Sres. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación
los presentes autos de Juicio PROTECCION DERECHOS FUNDAMENTALES, seguidos
con el Nº 232/98 por el Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Irún, a instancia
de IDOIA LARRAÑAGA EGILEOR y CINCO MAS (Demandantes - apelantes), representados
por Procurador/a Sr/a. ROSARIO SANCHEZ FELIX y defendidos por el/la Letrado/a
Sr/a. JOSE EGUIA IZPIZUA; contra CARMEN MARTINEZ LECUONA Y 8 MAS, representados
por la Procuradora Sra. GUADALUPE AMUNARRIZ AGUEDA y defendidos por el Letrado
Sr. PEDRO LASAGABASTER ELOSEGUI; JUAN PONTE LEPINE Y 7 MAS, representados
por la Procuradora Sra. ZABALETA D,ANJOU y defendidos por el letrado Sr. LUIS
LAGO RODRIGUEZ; JUAN JOSE ITURRlOZ NIÑO y NUEVE MAS, representados por la
Procuradora Sra. ZABALETA D,ANJOU y defendidos por la Letrado Sra. PATRICIA
DE LEON ARDANUY y ELENA ECHEGOYEN GASTELUMENDI y SEIS MAS, representados por
la Procuradora Sra. MARGARITA ALCAIN GOICOECHEA y defendidos por el Letrado
Sr. ALBERTO SAEZ AZKARGORTA (todos ellos demandados - apelantes), habiendo
intervenido el Ministerio Fiscal como apelado, todo ello en virtud del recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el mencionado Juzgado
en fecha 20 de Mayo de 1.999. y Auto de Aclaración de fecha 27 de Mayo de
1.999.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Irún,
se dictó sentencia con fecha 20 de Mayo de 1999, que contiene el siguiente
FALLO:
“DESESTIMANDO LA DEMANDA interpuesta por la Procuradora
Sra. Ruiz de Arbulo, en representación de IDOIA LARRAÑAGA EGILEGOR, MAIDER
LARRAÑAGA EGILEGOR, Y Mª DOLORES IÑIGO SANCHEZ, AMAIA LOREA CUEVAS, JOSUNE
URRUSOLO MUÑOZ y MERCEDES TRANCHE IPARRAGUIRRE, frente a, como demandos/as
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ LECUONA, JON ANDONI ABAIGAR MARTICORENA, JOSE ALZAGA
ZUBIALDE, JAVIER VERGARA IRIBARREN, JULIO TlZON ISIDORO, FERNANDO MARIA DE
LEÓN ADARRAGA, JOSE MARIA ECHANIZ BEAIN, SATURNINO IBARGOYEN VEA-MURGUIA y
FCO. JAVIER ALTUNA MICHELENA, representados por la Procuradora Sra. Amunarriz,
ELENA ECHEGOYEN GAZTELUMENDI, BERNARDO URTIZBEREA ZABALA, JAVIER IRIARTE UGARTE,
IGNACIO EMALDI MICHELENA, MIREN MAITE ARREGUI MARTINEZ, EUSEBIO AGUIRRE RETEGUI
y ERNESTO QUIROGA DIEGUEZ, representados por la Procuradora Sra. Alcain, JUAN
PONTE LEPINE, JOSE ANTONIO APALATEGUI GARCÍA, JOSE LUIS ALBERRO BENGOECHEA,
JOSE LUIS ITURRIA AIZPIOLEA, IGNACIO MANCISIDOR IGUIÑIZ, EDUARDO URUÑUELA
LARREA, FCO. JAVIER FANLO DAUPHIN y JOAQUIN PECIÑA OYARZABAL, representados
por la Procuradora Sra. Odriozola, y JUAN JOSE ITURRIOZ NIÑO, JOSE LARRASA
ECHEVERRIA, JOSE Mª MARTINEZ REIZABAL, JOSE IGNACIO ELIZALDE UGARTEMENDIA,
CARLOS MOSO DE LA FUENTE, JOSE CARLOS IRIBARREN ARIZMENDI, MIGUEL RUIZ ALARCÓN,
JOSE RAMON OTAEGUI BASTERRA, EUGENIO RETUERTO SERRANO y RAMON ALZAGA MENDIZABAL,
representados por la Procuradora Sra. Odriozola, DEBO DECLARAR Y DECLARO:
A) No haber lugar a dicha demanda al proceder la EXCEPCION
DE INCOMPETENCIA DE JURISDICCIÓN, formulada por el MINISTERIO FISCAL, sin
haber lugar por ello a pronunciarse sobre el fondo del asunto y demás excepciones
y cuestiones planteadas.
B) No hacer especial, declaración en cuanto a las costas
procesales.”
Con fecha 27 de Mayo da 1999, se dictó Auto de Aclaración
sobre la mencionada sentencia, cuya PARTE DISPOSITIVA dice: NO HA LUGAR A
ACLARACXON ALGUNA.
SEGUNDO.– Notificada a las partes la resolución de referencia,
se interpuso recurso de apelación contra ella que fue admitido y elevados
los autos a este Tribunal se procedió a su tramitación, señalándose para la
Vista el día 19 de Junio a las 10,30 horas de su mañana.
TERCERO.– En la tramitación de este recurso se han observado
los trámites y formalidades legales, salvo el plazo para dictar sentencia
demorado ante el volumen del procedimiento y el estudio mucho más detenido
a realizar dada la índole de la materia.
CUARTO. Vista la resolución de 30 de Noviembre de 2000 realizada
por el Ponente, cambia la opinión mayoritaria de la Sala y en virtud de ello
y mediante Providencia de 18 de Diciembre, es designado nuevo Ponente el Magistrado
D. ANTONIO MATIAS ORTIZ DE ZARATE, quedando la inicial resolución como VOTO
PARTICULAR, que queda unido a la presente sentencia.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.– Asume mayoritariamente la Sala la fundamentación
jurídica contenida en la sentencia disentida de fecha 20 de Mayo de 1999,
dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Irún, que no aspiramos
a superar pues poco puede añadirse a los extensos, profundos y acertados argumentos
contenidos en aquella, inmunes por completo a las alegaciones obstativas de
las partes recurrentes, en orden a sentar el criterio competencial a favor
del Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo, por lo que, descargada
desde luego de cuanto pueda afectar o hacer referencia al fondo del asunto,
debe tenerse ahora por enteramente ociosas paráfrasis, en orden asimismo al
rechazo de los Recursos de Apelación contra la misma interpuestos, pudiendo
no obstante indicarse tan sólo a modo de mayor aditamento que, determinada
con sumo acierto la aplicación el evento que supone la celebración cada 30
de Junio del ALARDE DE SAN MARCIAL en la Ciudad de Irún de la Ley del Parlamento
Vasco 4/1995, de 10 de Noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas,
pues expresamente su Catalogo Anexo menciona los “desfiles en la vía pública”
entre los espectáculos públicos que quedan sujetos a la misma con independencia
de que, como dice su artículo 1, sus organizadores sean entes públicos o privados,
personas físicas o jurídicas, tengan o no carácter lucrativo y se realicen
de forma habitual o esporádica, si bies es cierto que al amparo del principio
básico de nuestro Ordenamiento Jurídico de respeto a la independencia de cada
Órgano Judicial, cabe que unos mismos hechos puedan ser examinados, con diversos
resultados, desde la perspectiva de distintas jurisdicciones competentes,
sin vulnerar por ello las garantías del artículo 24.1 de la Constitución Española,
no lo es menos que, de un lado, la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
actúa cuando se trata de actuaciones de la Administración Pública sujetos
al Derecho Administrativo, en los casos en los que se evidencia la necesaria
intervención de esta ejerciendo sus competencias administrativas por existir
un interés público que justifica la necesidad de obtener un especial autorización
administrativa que se configura como el levantamiento de una prohibición inicialmente
existente, y, de otro lado, a los más elementales criterios de la razón jurídica
repugna aceptar las preferencias jurisdiccionales de las partes en conflicto
o el otorgamiento a las mismas de la opción de dividir artificialmente una
controversia que, como en este caso sucede, en su planteamiento y decisión
puede presentar ciertamente, como el dios romano Jano, dos caras superpuestas,
posibilitando así de tal modo la apertura de forma totalmente voluntarista
de dos vías de impugnación simultaneas sobre la misma materia en razón de
puntos de decisión que pese a ser distintos en su origen tienen un fondo absolutamente
común: una ante el Orden Contencioso-Administrativo para combatir la autorización
administrativa, que para el Alarde de 1998 no se obtuvo y era presupuesto
a su conveniencia la incorrección constitucional de la ponderación efectuada
por la Autoridad Gubernativa correspondiente, y otra ante el Orden Civil para
atacar los actos de sus organizadores privados, sosteniendo veladamente que
nos hallamos en el marco estricto de una relación de Derecho Privado que,
debemos entender, no trasciende la básica privacidad de los intereses en juego,
con evidente soslayo u olvido en tal caso del solapamiento de las implicaciones
administrativas que, previo juicio ponderado del respeto siempre obligado
de los bienes constitucionales protegidos como derechos fundamentales, entre
los cuales se encuentra en lugar destacado el derecho a la igualdad y a la
no discriminación consagrado en el artículo 14 de la Constitución, devienen
de la primigenia existencia autorizante de la resolución administrativa que
homologa aquel evento y permite en última instancia el ejercicio de determinadas
actuaciones de los particulares en lugares de tránsito público, con la consiguiente
posibilidad derivada de tal exceso de tutela de ver indeseablemente quebrada
la garantía de la coherencia, exigible de todos los Organos del Estado, por
el riesgo de contradicción existente entre resoluciones dictadas por distintos
Ordenes Jurisdiccionales, lo que, a la postre, infringe el principio de unidad
jurisdiccional (art. 117.5 C.E. y art. 3 L.O.P.J.), lesiona el derecho a la
tutela judicial efectiva, reconocido por el artículo 24.1 de la C.E., quebranta
el principio de igualdad en la aplicación de la Ley (art. 14 C.E.), genera
inseguridad jurídica (art. 9.3 C.E.), produciendo una sensación de arbitrariedad
en los justiciables, vulnera el que cabe configurar como principio básico
de nuestro Ordenamiento Jurídico de que “unos mismos hechos no pueden existir
y dejar de existir para los Organos del Estado” (SSTC 77/1983, de 3 de octubre,
y 62/1984, de 21 de mayo, y daña irreparablemente la autoridad de los Organos
Judiciales.
SEGUNDO.- En esta alzada, a tenor de los dispuesto
en el artículo 896 de la L.E.C., al haber sido desestimados todos los Recursos
de Apelación interpuestos y confirmada en lógica consecuencia la sentencia
de instancia por todo cuanto antecede, cada parte apelante se hace cargo de
las costas procesales causadas a su instancia, abonándose las comunes por
iguales partes por los recurrentes.
En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida
por la Soberanía popular y en nombre de S.M. el Rey.
Que desestimando los Recursos de Apelación interpuestos
por la Procuradora Dña. Mª Guadalupe Amunarriz Agueda, en nombre y representación
de Dña. Mª Carmen Martínez Lecuona, D. Jon Andoni Abaigar Marticorena, D.
José Alzaga Zubialde, D. Francisco Javier Vergara Iribarren, D. Julio Tizón
Isidoro, D. Fernando Mª de León Adarraga, D. José Mª Echaniz Beain, D. Saturnino
Ibargoyen Vea-Murguía y D. Francisco Javier Altuna Michelena; por la Procuradoza
Dña. María Zabaleta D,Anjou, en nombre y representación de D. Juán Ponte Lepine,
D. José Antonio Apaletegui Garcia, D. José Luis Alberro Goicoechea, D. José
Luis Iturria Aizpiolea, D. Ignacio Mancisidor Iguiñiz, D. Eduardo Urruñuela
Larrea, D. Francisco Javier Fanlo Dauphin y D. Joaquin Peciña Oyarzabal; por
la Procuradora Dña. María Zabaleta D,Anyou, en nombre y representación de
D. Juan Jose Iturrioz Niño, D. José Larrasa Echevarria, D. José María Martinez
Reizabal, D. José Ignacio Elizalde Ugartemendia, D. Carlos Moso De la Fuente,
D. José Carlos Iribarren Arizmendi, D. Miguel Ruiz Alarcón, D. José Ramón
Otaegui Basterra, D. Eugenio Retuerto Serrano y D. Ramón Alzaga Mendizabal;
por la Procuradora Dña. María Rosario Sanchez Félix, en nombre y representación
de Dña. Idoia Larrañaga Egileor, Dña. Maider Larrañaga Egileor, Dña. Mª Dolores
Iñigo Sanchez, Dña Amaia Lorea Cuevas, Dña. Miren Yosune Urrusolp Munoz y
Dña. Mª Mercedes Tranche Iparraguirre; y finalmente, por la Procuradora Dña.
Margarita Alcain Goicoechea, en nombre y representación de Dña. Elena Echegoyen
Gaztelumendi, D. Bernardo Urtizberea Zabala, D. Javier Iriarte Ugarte, D.
Ignacio Emaldi Michelana, Dña. Miren Maite Arregui Martirez, D. Eusebio Aguirre
Retegui y D. Ernesto Quiroga Dieguez, contra la sentencia dictada en fecha
20 de Mayo de 1999, por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Irún, debemos
confirmar y confirmamos la mencionada resolución, corriendo a cargo de cada
parte apelante las costas procesales causadas a su instancía en esta alzada
y abonandose las comunes por iguales partes por los recurrentes.
Dentro del plazo legal, devuélvanse las actuaciones originales
con testimonio de la presente resolución al Juzgado de procedencia para su
ejecución y cumplimiento.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia
por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado
Ponente en el mismo día de su fecha de lo que yo el/la Secretario certifico.
VOTO PARTICULAR
DEL ILMO. SR. LUIS BLANQUEZ PEREZ a la sentencia emitida
por la Ilma. Audiencia Provincial de San Sebastián, el veintinueve de Diciembre
de 2000 y publicada el 5 de enero de 2001.