DIARIO VASCO
Jueves, 22 de junio de 2006

Los alardes, ¿un conflicto irresoluble?
IÑIGO LAMARCA ITURBE/ARARTEKO

Hace diez años un grupo de mujeres pidió participar en el alarde de Irun en pié de igualdad con los hombres y se armó la marimorena. Lo mismo ocurrió en el alarde de Hondarribia y la reacción fue aún más virulenta. No es nuestro propósito indagar en las causas de lo que ocurrió desde entonces, tarea en la que han empezado ya a trabajar algunos especialistas, quienes nos aportarán claves para entender por qué desembocó en una situación de conflicto grave una demanda que debió haber encontrado una solución rápida y eficaz impulsada por las instituciones públicas concernidas. La institución del Ararteko, alto comisionado del Parlamento Vasco para la salvaguarda de los derechos de las personas frente a actuaciones de las administraciones públicas vascas, recibió pronto quejas formuladas por las personas promotoras de un alarde no discriminatorio contra las actuaciones de los equipos de gobierno de los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia porque entendían que aquéllas no se ajustaban a los dictados del ordenamiento jurídico.

El Ararteko, tras un minucioso análisis de las leyes reguladoras de derechos y de las competencias municipales, llegó a una doble conclusión: de una parte, que a las mujeres les asistía el derecho a la igualdad y, en consecuencia, tenían derecho a desfilar en los alardes en condiciones de igualdad con los hombres; y, por otra parte, que las administraciones municipales tenían el deber jurídico de garantizar dicho derecho, para lo cual debían promover y apoyar la celebración de un alarde mixto igualitario. Dado que el alarde que se organizaba en Irun era público, con participación activa del Ayuntamiento, y el de Hondarribia, aunque formalmente tenía diferencias con respecto a aquél, también tenía naturaleza pública, el Ararteko resolvió que dichos alardes tenían que garantizar el derecho de las mujeres a participar en ellos de forma igualitaria. Este derecho fue reconocido por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en sentencia ratificada por el Tribunal Supremo, y defendido por el Parlamento Vasco y las Juntas Generales de Gipuzkoa, así como por el Gobierno Vasco, a través principalmente de Emakunde. La actitud de los alcaldes y equipos de gobierno de los ayuntamientos de Irun y Hondarribia fue, sin embargo, dejar de organizar el alarde público con el fin de eludir el mandato de igualdad, y permitir la privatización del alarde llamado tradicional, inhibiéndose además de prestar ninguna ayuda o apoyo al alarde mixto en Irun y a la compañía mixta Jaizkibel en Hondarribia, que tuvieron que organizarse privadamente con el enorme esfuerzo y empeño de sus promotoras y con ayudas de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco. El Ararteko, año tras año, y en respuesta a las quejas que se nos presentan, ha dictaminado que los Ayuntamientos siguen incumpliendo su deber jurídico, que la ley 4/2005 del Parlamento Vasco para la igualdad entre mujeres y hombres ha reforzado considerablemente y ha concretado en nuevas obligaciones públicas. El año pasado (y, probablemente, en éste vaya a ocurrir lo mismo), la compañía Jaizkibel de Hondarribia, que acoge a hombres y mujeres y que desfila de forma separada al alarde tradicional, tuvo que marchar, una vez más, protegida por un fuerte dispositivo de la Ertzaintza (¿¿y se trata de una fiesta!!) para evitar que se produjeran agresiones. Dos meses antes, en Irun hubo golpes contra integrantes del alarde mixto. En ambos casos, los alardes mixtos tuvieron que organizarse bajo el amparo del derecho de manifestación por la falta de autorización municipal, y la fijación de los horarios de los alardes mixto y tradicional la tuvo que hacer, ante la inhibición de las autoridades locales, la Consejería del Interior. Ahora bien, esa actitud aparente de lavarse las manos no impidió la presencia de los dos alcaldes en sus respectivos Ayuntamientos al paso del alarde tradicional, y su ausencia clamorosa ante el alarde igualitario.

Y en ésas estamos y en ésas seguiremos, porque la fractura social en las referidas localidades ha generado simas muy profundas, porque las pasiones dominan a la razón, porque los equipos de gobierno de los dos Ayuntamientos siguen sin hacer nada ante el derecho a la igualdad de las mujeres reconocido en leyes y en resoluciones judiciales y del Ararteko (tampoco hacen nada para solucionar el conflicto generado), y porque los dirigentes de los partidos políticos con responsabilidades de gobierno miran a otro lado ante el comportamiento de sus alcaldes y concejales que incumplen lo aprobado en Vitoria. El año pasado, el 8 de septiembre, cuando finalizó la marcha matutina de la compañía Jaizkibel de Hondarribia, a la que acompañamos unas pocas autoridades -entre otras algunas parlamentarias- declaré que había que empezar a trabajar al día siguiente para evitar la repetición de un espectáculo que hiere no sólo la dignidad de las mujeres y de los hombres que forman parte de las formaciones igualitarias sino también la sensibilidad de toda persona que abomina la violencia y el insulto, y además mancilla el buen nombre de los dos municipios bidasotarras. Desgraciadamente, nada se ha hecho durante este año y los alardes vuelven cargados de malos augurios. Ahora que se está haciendo un esfuerzo notable por habilitar espacios y herramientas que den como resultado el fin de la pesadilla de la violencia terrorista, bueno sería que un conflicto de características mucho más livianas encontrara en los partidos políticos una actitud responsable, consecuente y decidida que condujera a un escenario en el que resultaran compatibles el derecho a la igualdad de las mujeres (cumpliendo de esa manera lo preceptuado por la ley de igualdad y por las resoluciones judiciales) y la convivencia y la paz social en las fiestas de Irun y Hondarribia. Diez años más tarde, las instituciones públicas y los partidos políticos deberían liderar, de forma consensuada, el proceso que saque del conflicto a los alardes, para lo cual resulta indispensable impulsar el diálogo y la comunicación entre los ciudadanos y ciudadanas de las dos localidades, restablecer los valores de la convivencia y el respeto mutuo, y que los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia adopten, por fin, una posición clara y definida de apoyo firme y rotundo a un alarde igualitario para mujeres y hombres en sus respectivas ciudades.